Venezuela - Libertad Económica

Venezuela ocupa el puesto 138 de un total de 141 economías en el ranking del Índice de Libertad Económica en el Mundo, con un valor total de 4,33, cayendo del puesto 137 en la anterior medición. El promedio de todas las economías juntas es de 5,55, solamente superada por Angola (4,04); Myanmar (3,69) y Zimbawe (2,89). Venezuela retrocede 0,44 puntos con respecto a 2006.

Esta es una tendencia observada en los últimos años. Lejos de beneficiarse de la bonanza petrolera, Venezuela es una economía cada vez más limitada en la actividad económica, con controles de precios, fuertes regulaciones laborales, avance de la voracidad del gobierno en aumentar el tamaño del estado (expropiaciones y confiscaciones), elevados costos para la inversión y el establecimiento de nuevas empresas y un ambiente macroeconómico inestable. La necesidad de ajustes macroeconómicos y reformas estructurales son inexorables.

En tamaño de gobierno, Venezuela obtiene un puntaje de 4,6 puntos, retrocediendo 0,4 puntos con respecto a 2006 y ocupando actualmente el puesto 128.

En el 2007, Venezuela experimentó la nacionalización de la principal empresa proveedora de servicios de electricidad en la capital del país, La Electricidad de Caracas C.A. y sus empresas filiales que operaban en el interior del país. Ese mismo año, fue nacionalizada la empresa Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), la principal proveedora de servicios de telefonía fija e Internet y la segunda más grande del mercado de telefonía celular. También ha sido nacionalizado el cuarto banco más grande del sistema (Banco de Venezuela, Grupo Santander) con cerca del 12% de participación en el sistema. La banca de Estado supera en más del 21% del total del mercado.

En estructura jurídica y garantía de los derechos de propiedad, Venezuela obtiene una puntuación de 2,9 y ocupa el puesto 135.

En independencia judicial, Venezuela obtiene una puntuación de 0,6 puntos. Según el reporte del Global Competitiveness, se considera que las decisiones judiciales en Venezuela son totalmente influenciadas por el gobierno. De igual manera ocurre con el componente de Cortes imparciales, cuya puntuación es de 0,8. Nuevamente se considera que las decisiones legales en disputas del sector privado frente a acciones del gobierno son completamente manipulables.

En protección de los derechos de propiedad se obtiene una puntuación de 2,1, debido a que las acciones recientes del gobierno han aumentado la incertidumbre respecto a la clara definición que deben tener los derechos de propiedad. Un alto número de expropiaciones ha ocurrido entre 2004-2009, sin que los propietarios hayan recibido la compensación adecuada. Además, los anuncios de expropiación son realizados públicamente por el Presidente de la República sin que medien los procedimientos judiciales adecuados. En la mayoría de las ocasiones, las expropiaciones han ocurrido con empresas exitosas más que con empresas en dificultades que requieren alguna ayuda.

También se observa una fuerte interferencia militar, tanto en el Estado de Derecho como en el proceso político, donde la puntuación es de 0,8. Se observa un gran número de militares dirigiendo ministerios, institutos autónomos y empresas del Estado. En las regiones gobernadas por la oposición se observa con frecuencia la presencia de militares tratando de usurpar las funciones que le corresponden al gobernador.

En estabilidad monetaria, Venezuela obtiene la puntuación de 5,62, ocupando el puesto 134. La liquidez monetaria ha crecido en 2006 y 2007 a tasas superiores al 30% en términos reales, como consecuencia de la inyección de dinero proveniente de la bonanza petrolera.

En Venezuela la inflación acumulada entre diciembre de 1998 y mayo de 2009 supera el 637%, siendo por más del 200% la mayor de América Latina. Cabe destacar que sólo Venezuela, Argentina y Ecuador acumulan inflaciones superiores al 100% en ese período.

En el país no existe la posibilidad de que los bancos puedan ofrecer a los ahorristas cuentas en moneda extranjera.

Debido al control de capitales, los venezolanos sólo pueden mantener cuentas en moneda extranjera fuera del país. En libertad para transacciones internacionales, cae de 5,3 a 4,3 ocupando el puesto 138.

En Venezuela, un alto número de bienes requiere de certificados de no producción para ser importados. Esto implica que se debe demostrar que no pueden ser producidos localmente o que existe insuficiencia de producción para obtener la licencia. Recientemente, la política automotriz del gobierno también prohibió la importación de vehículos de alta cilindrada y muchas automotrices han sido obligadas a incorporar tanques de gas natural para permitir su importación.

La prima del tipo de cambio oficial respecto al paralelo es superior al 100%. La moneda local ha perdido credibilidad en el mercado debido a su fuerte apreciación con respecto al dólar.

El control de capitales permite a los importadores obtener divisas para bienes considerados “prioritarios” por el gobierno como los son alimentos, medicinas y bienes de capital. Para obtener divisas para inversiones y transacciones financieras se debe recurrir a operaciones de permutas con títulos valores comprados en bolívares y vendidos en dólares. Hacer operaciones de compra y venta de divisas en efectivo está prohibido por montos mayores a 10.000 dólares.

No se pueden obtener divisas preferenciales para importación de servicios y expatriación de capitales. En materia de regulación, la puntuación es de 4,8. Se mantiene igual en el puesto 134.

El número de bancos extranjeros es muy pequeño. Recientemente existían dos bancos que concentraban el 18% de los activos totales, pero como se mencionó anteriormente, uno de ellos (Banco de Venezuela, Grupo Santander) fue comprado por el gobierno.

Respecto al crédito, si bien es cierto que la mayoría del crédito es consumido por el sector privado, se observa una fuerte tendencia del crecimiento del sector público.

En el sector laboral se muestra una fuerte regulación que incluye inamovilidad laboral, lo que impide a las empresas desprenderse de trabajadores con los sueldos más bajos. Existe además gran presión de los organismos de regulación y del Ministerio del Trabajo en apoyo a los denominados sindicatos bolivarianos (afectos al gobierno) sobre las empresas privadas, fundamentalmente los sectores industriales.

Los negocios en general están sometidos a un sin número de regulaciones. Existe un control de precios vigente desde el 2003, fundamentalmente para rubros alimenticios, pero se ha extendido incluso hasta los automóviles.

Los costos administrativos y burocráticos son elevados, principalmente en tiempo, dado que el otorgamiento de licencias y permisos puede durar más de seis meses, según un informe elaborado por el Consejo Nacional de Promoción de la Inversión (CONAPRI). Los organismos que recaudan impuestos implementan operativos de cierres y amedrentamiento, aplicando multas por supuestas evasiones de impuestos por parte de las empresas, sin derecho a la defensa.

Recomendaciones de políticas públicas 2010

En Venezuela las cosas son muy difíciles. Acostumbrados a esporádicas pero contundentes bonanzas petroleras, la promoción de una economía de mercado y libertad de comercio se ve coartada por el inmenso poder que adquiere el Estado como dueño del petróleo. Una vez que las bonanzas finalizan, la necesidad de ajustes macroeconómicos se hace presente y así todas las dolorosas consecuencias que se presentan como resultado preliminar de los ajustes (inflación y contracción económica severa).

Venezuela requiere reformas estructurales, eso es indudable. Reformas que implican cambios de leyes y una actitud responsable y más vigorosa del gobierno en estimular a un sector privado que está totalmente contra la pared.

Pero lamentablemente, antes de poder tomar el camino de las reformas estructurales deberá enfrentar un ajuste macroeconómico que resuelva los desequilibrios de tipo de cambio y precios producidos por los controles existentes.

En Venezuela existe un problema mayor que los desequilibrios. Aunque la Constitución de 1999 garantiza la propiedad privada y la libertad de actividad económica, en la práctica las políticas económicas actuales son explícitamente hostiles respecto a estos temas. El presidente Chávez ha anunciado que llevará a Venezuela hacia un modelo socialista donde la propiedad privada y la libertad de la actividad económica son limitadas por no decir nulas. En este sentido, hay un serio problema de construcción de modelo económico que limita las libertades en Venezuela.

Recientemente, se han aprobado en Venezuela leyes que son consistentes con el modelo socialista planteado por el actual gobierno. Leyes que no sólo hacen completamente vulnerables los derechos de propiedad privada sino que dan mayor discrecionalidad al gobierno, por encima de un Poder Judicial que no es independiente como tampoco lo es la Asamblea Nacional.

Así, la única manera que tiene Venezuela para hincar el camino de las reformas es mediante un giro en el modelo de país que se tiene. Para ello, la única vía posible es que los movimientos políticos que comparten los valores de la libertad recuperen el equilibrio político en la Asamblea Nacional y que se introduzca, sin miedo, la necesidad de un modelo de economía de mercado en el debate nacional.

De ese debate debe surgir el consenso para una sociedad que limite los poderes del Estado en torno a la exuberante renta petrolera que el gobierno administra. Muchos países que se han enfrentado al tema de la renta de recursos naturales han creado fondos especiales de ahorro o estabilización para administrar esta riqueza, mientras abren espacio a la participación del sector privado.

Venezuela requiere entre sus prioridades, además de la tarea imprescindible de tener instituciones fuertes que garanticen los derechos de propiedad y, en general, de la participación del sector privado en la economía, una fuerte inversión en capital humano, la disminución de la brecha tecnológica existente entre los estratos más altos y los más bajos de la sociedad, y la inversión en infraestructura que garantice vías de comunicación, electrificación y servicios de agua potable, necesarios para el desarrollo de la inversión privada.

En materia institucional, además de recobrar un equilibrio político en la Asamblea Nacional, es menester darle estabilidad al sistema judicial por completo como primer paso para recuperar la independencia de poderes.